Casi 500 puestos de trabajo en peligro por la reforma de la inspección técnica de vehículos, según la federación del sector: «Es muy triste»

La reforma de la inspección técnica de vehículos en Flandes podría suponer la pérdida de casi 500 puestos de trabajo. Así lo publica Het Laatste Nieuws y lo confirma la federación de centros de inspección técnica GOCA. La preocupación es grande. «El ciudadano paga dos veces».

El Gobierno flamenco quiere, entre otras cosas, eliminar la inspección obligatoria de vehículos de segunda mano y flexibilizar los plazos actuales de inspección. A finales de 2027, los flamencos también podrán elegir si quieren que su coche sea inspeccionado en un taller autorizado o en una de las empresas de inspección actuales.

Según la nota de política de la ministra de Movilidad, Annick De Ridder (N-VA), las reformas supondrán que en 2027 se realizarán 1,4 millones de inspecciones menos que en 2024. Para 2028, esa cifra ascenderá a 1,7 millones.

En la nota de política también se han calculado las consecuencias para el empleo. De Ridder estima que, de aquí a 2030, desaparecerán 498 puestos de trabajo en los centros de inspección técnica de vehículos. «Son casi 500 personas a las que hemos formado para inspeccionar vehículos según los requisitos del Gobierno», suspira Dirk Snauwaert, de la federación sectorial GOCA. «Y ahora les van a dar las gracias por los servicios prestados». Lo califica de «triste».

Seguridad vial

Este año ya desaparecerían 121 puestos de trabajo, ya que las nuevas normas entrarán en vigor a partir de septiembre. En 2027 desaparecerían 323 puestos de trabajo y en 2028 otros 54 técnicos. Las cifras del Gobierno solo tienen en cuenta la disminución del número de inspecciones, no el trasvase de las inspecciones a los talleres.

GOCA se muestra muy crítica con la reforma. «Habrá repercusiones en la seguridad vial, en el medio ambiente y en la protección de los consumidores», afirma Snauwaert. «Verá, en 2025 se inspeccionaron unos 482 000 vehículos destinados a la venta de segunda mano. De ellos, una quinta parte fue rechazada. Son 93 000 vehículos que, en el futuro, sí podrán circular por las carreteras. Entonces nos preguntamos: ¿para la seguridad vial de quién?».

El sindicato cristiano ACV Puls tampoco está de acuerdo. Allí señalan que, en última instancia, será el ciudadano quien pague esa reestructuración. «Que la política eluda su responsabilidad y tome esta decisión, con un impacto especialmente grave en el presupuesto, es inaudito en tiempos de dificultades presupuestarias. De este modo, el ciudadano paga dos veces: primero con menos protección en la carretera y en el mercado de segunda mano, y después a través de las consecuencias sociales y presupuestarias de esta política».

«Comprendo las preocupaciones individuales de los trabajadores que puedan verse afectados, pero simplemente se ha inspeccionado en exceso durante años». -La ministra flamenca de Movilidad, Annick De Ridder (N-VA)

La propia De Ridder califica los cambios de «absolutamente necesarios». «De este modo, por fin hacemos que la inspección sea más cómoda para nuestros ciudadanos flamencos, nos aseguramos de que se reduzcan los tiempos de espera y eliminamos normas superfluas».

Fuente: Vrt Nieuws